Algunos elementos sobre la inseguridad y la violencia, en referencia a la situación de la ciudad de Quetzaltenango.

Msc. Edwin Alberto, Castillo Lepe;

Si la violencia es un fenómeno multicausal influido por factores psicológicos, biológicos, económicos, sociales y culturales, entre otros, que al cruzar las fronteras del individuo, familia, comunidad y sociedad, también tiene consecuencias que abarcan el ámbito del individuo, la familia, comunidad y sociedad (Olavarría; 2007, p8), entonces, de modo similar puede decirse que la inseguridad también es un fenómeno multicausal  y que podrían atribuírseles los mismos factores que inciden en la violencia. La inseguridad en todo sentido y ámbito, es indeseable, porque trastorna el comportamiento humano, sumiéndolo en una cadena de insatisfacciones que al negar su potencialidad de ser humano, lo pone al borde del precipicio de la violencia y la inseguridad.

La inseguridad es un fenómeno ligado a la violencia y el delito que afecta a las sociedades en el mundo. Su origen es localizable en el aparecimiento del ser humano sobre el planeta ejerciéndola de distintas formas a través de diversos mecanismos. Según Mauricio Olavarría, “La violencia es un fenómeno intrínsecamente humano y está enraizado desde el origen de la humanidad” (Olavarría; 2007, p8), por lo que es acertado suponer que la “…conflictividad en sí, es parte de la vida y tiene una potencia transformadora, desde la lectura positiva de la teoría de conflictos” (Dahrendorf 1990, en Rosales; 2012, p 13); también Manuel Castells señala: “…el conflicto es el estado natural de la vida y la sociedad…” (Castells; 1979, p 225).

En la historia encontramos antecedentes de violencia como la denominada venganza privada, muy ligada a la ley del talión y del ojo por ojo, que durante la antigüedad al engendrar inseguridad entre los estratos más bajos de la población, era una manera de hacer justicia, que tampoco por su aceptación general, era el mejor medio para resolver los conflictos de esa época.   Si continuara esa forma de hacer justicia, otras serían las características demográficas de la población. De todos modos, aunque haya cumplido el papel de perpetuación de la especie humana, en un momento determinado, tampoco significa que una sociedad de ojo por ojo y diente por diente, sería la mejor expresión del progreso y adelanto de la humanidad. Sin embargo, la violencia con la inseguridad que la acompaña, es un doble fenómeno que al dominar e imponerse sobre la voluntad de los demás, es parte del Estado y del Poder político.

En ese sentido, “…cualquiera que sea el tipo de Estado de que se trate, éste siempre ejercerá alguna forma de poder, el cual es, por su naturaleza, esencialmente violento…” (…) “En síntesis, si el Estado es poder y el poder es violento” (PNUD, 2009-2010 Guatemala; p3), entonces constituye una herramienta histórica, política y social que al generar a todo nivel una sensación de inseguridad y de subordinación al más fuerte que domina y se impone sobre los demás, incesantemente favorece a quienes tienen el poder. Este ejercicio de la violencia se transformó en un mecanismo de ejercicio público, y para ello se designó al aparato del Estado como el encargado de ejercerla a través de sus órganos jurisdiccionales.

Tampoco sirve de consuelo pensar que el aparecimiento de la violencia no solo es un mecanismo de reacción humana, sino  también lo encontramos en los animales como un ejercicio de dominio o sobrevivencia biológica, que en alguna medida se relaciona con la tesis evolutiva de Charles Darwin, la cual  ubica la violencia y el instinto de conservación  como un mecanismo de sobrevivencia del más apto en las condiciones de su entorno, dando como resultado que la naturaleza hasta cierto punto nos enseña que ciertas reacciones, son de sobrevivencia. Sin embargo, en el reino animal al no pensar sus acciones, la violencia y la inseguridad es parte de su naturaleza, que tampoco ocurre de la misma manera en el caso del ser humano quien ha convertido el ejercicio de la misma, no únicamente para su sobrevivencia, sino para imponer su poder, convirtiéndola en signo de dominación.

Actualmente, para nadie es un secreto que el ejercicio de la violencia al generar la condición de inseguridad como una reacción natural del sujeto social, ha sido una estrategia para obligar al sujeto sujetado o en palabras de Heidegger “vivir en estado de interpretado” o enajenado de la realidad lo que le hace al sujeto reaccionar más que pensar su realidad, por lo que   al exigir del gobernante mayores niveles de seguridad, lo que ha implicado en la medida que se exige a cambio de los logros alcanzados, una pérdida creciente de derechos inherentes al ser humano, como su propia libertad y la reducción de su privacidad. 

Con el avance de la tecnología día a día se mira en las calles, que su aplicación pragmática no deja de ser un pretexto para ejercer un mayor control sobre la “delincuencia común”; lo que ha dado como resultado una proliferación de cámaras en las calles, semáforos y centros comerciales, que si bien transmiten la sensación de “seguridad” esta va aparejada a la pérdida de privacidad del ciudadano.  Por lo que no podría divorciarse la explicación que en términos de la modernidad significa que a mayor seguridad, existe una reducción de privacidad y libertad del individuo.

En la investigación realizada en el año 2016 sobre la “Percepción de la inseguridad pública en la ciudad de Quetzaltenango”, se pudo determinar que en algunos casos la inseguridad y violencia se han convertido en un mecanismo para distraer a la población de problemas más urgentes, como la pobreza, el desempleo, corrupción etc. (ver cuadro 1).

                                                                   Cuadro 1

Además, se puedo establecer de cómo en determinadas épocas del año los niveles de la delincuencia sufren repuntes obviamente, ante este tipo de amenazas a la integridad física o los bienes de los ciudadanos, estos han tenido que tomar medidas al respecto, lo que ha implicado cambiar algunas conductas, como el no ir a lugares donde existe aglomeración de personas, o visitar lugares considerados como inseguros, rotondas, parques o mercados.  Y además, variar conductas personales como cambiar de calles, no usar joyas u otros bienes que le puedan ser atractivos a la delincuencia (Ver cuadros 2). “No olvidar que en la calle puede haber un individuo motivado para delinquir, puede haber una persona que inocentemente luce joyas u objetos de valor que son un blanco adecuado, situación que se complica por la ausencia de vigilancia y guardias, para evitar que se lleve a cabo un acto violento o un delito” (en Olavarría; p64; 2007; Cohen y Felson, 1979, citados por Akers 1997; p27)   

                                                                    Cuadro 2

Pero también es importante hacer la diferencia entre la delincuencia común, que sería aquella que se dedica a realizar robos de menor cuantía, y la delincuencia organizada muy vinculada a delitos de mayor envergadura como secuestros, extorsión, o sicariato, con frecuencia vinculadas con estructuras mucho más sofisticadas, que para su funcionamiento necesitan nexos y en muchos de los casos con las mismas instituciones ligadas a la seguridad pública.

El problema de la violencia y el delito como elementos que incrementan la inseguridad entre los ciudadanos, también viene generando problemas de carácter psicosocial, en las víctimas y es por ello que reacciones como; “el shock, confusión, miedo generalizado, ansiedad, depresión, síntomas somáticos y fisiológicos, vergüenza e incluso, en algunas ocasiones sentimientos de culpa, miedo a morir, conductas de evitación, hostilidad y baja autoestima, indefensión, perdida del interés en actividades cotidianas, cambios radicales en las formas de vida, necesidad de apoyo social formal e informal, son inevitables en la medida que la sociedad no brinde las oportunidades de empleo e ingreso a una parte considerable de la población, para satisfacer sus necesidades básicas. La violencia criminal, en definitiva, afecta a las personas a nivel físico-biológico, cognitivo, psicológico, conductual, interpersonal y espiritual.  En el caso de los niños, además, la exposición a la violencia puede afectar a su futuro desarrollo moral y a sus logros académicos.” (Herrero; 2001, p 110)

En la ciudad de Quetzaltenango hay lugares que los entrevistados consideraron con alta propensión a la inseguridad como podrían ser; El Parque Central localizado en la zona 1, la rotonda en la zona 2 y en la zona 3 el Mercado la democracia y la Terminal (Ver cuadros 3), por lo que estas condiciones generan externalidades negativas, cuyas consecuencias son preocupantes. Una de ellas es el temor a la inversión económica y temor para establecer nuevas empresas como generadoras de empleo, otra es el amedrentamiento de las ya existentes o el pánico por el pago de cuantiosas sumas de dinero que incrementan sus costos por extorsión para seguir funcionando, y otra es el trastorno de empresarios que deciden cerrar la empresa o trasladarse a otro lugar.  En todo caso los empresarios por su carácter de iniciativa privada, debido a la violencia e inseguridad, siempre buscan áreas en las cuales la tasa de ganancia deberá ser más elevada para mantener algún nivel de rentabilidad, con lo cual trasladan el incremento de sus costos, al consumidor final.
                                                               
                                                                Cuadro 3

La violencia y la inseguridad siguen siendo muy preocupantes, porque ´´…los costos de la violencia en Guatemala para el año 2005 alcanzaron un monto aproximado de unos US$ 2,386.7, cifra equivalente al 7.3% del PIB. Tal cifra equivale a unos Q 17,900.4 millones´´ (PNUD; p16; 2006). Sin duda, esos montos siguen creciendo a corto, mediano y largo plazo.

                                                              

Desde esa perspectiva, “Cada año la violencia cobra a la sociedad altas cantidades de recursos en servicios de salud, pérdida de capital social, costos legales…”  (PNUD; p12; 2006), circunstancias que experimenta la población del país, principalmente los más vulnerables.

Por otra parte, “…es innegable la urgencia de una política de seguridad ciudadana, dentro de una estrategia de desarrollo económico social, en la que las medidas de prevención y de rehabilitación serán prioritarias…” (PNUD; p13; 2006).

Robert Merton, señala: “La cultura tiene exigencias incompatibles para los situados en los niveles más bajos de la estructura social.  Por una parte se les pide que orienten su conducta hacia la perspectiva de la gran riqueza” (…)” …y por otra, se le niegan en gran medida oportunidades efectivas para hacerlo de acuerdo con las instituciones´´ (p155; 1965).

Alrededor de la conducta desviada en gran escala, según Merton: “Solo cuando un sistema de valores exalta, virtualmente por encima de todo lo demás, ciertas metas o denominados éxitos comunes para la población en general, mientras que la estructura social restringe rigurosamente, o cierra por completo el acceso a los modos aprobados de alcanzar esas metas a una parte considerable de la misma población, se produce la conducta desviada en gran escala” (Merton; 1965, p155); o se podría interpretar como el caldo de cultivo para generar inseguridad y violencia.

Agrega Merton: “Cuando la estructura cultural y la social están mal unificadas, exigiendo la primera una conducta y unas actitudes que la segunda impide, hay una tendencia al quebramiento de las normas, hacia la falta de ellas” (Merton; p170; 1965). Al parecer, el rompimiento de las normas tiene un final obscuro, porque “la población carcelaria aumento en una década de 6 mil 826 reclusos a 21 mil 45, y el año que más se incrementó el número fue entre el 2014 y 2015, cuando sumo 2 mil 551, aunque hasta el 21 de diciembre de 2016 se detuvo a 2 mil 211 personas” (Prensa libre, 3 de enero de 2017), en la misma nota periodística se agrega; que según Mario Hernández Romero, abogado penalista, explico que se han mezclado personas que están sujetas a proceso con sentenciados, lo cual está en contra de la Constitución.  Lo que ha generado implicación que se podría estimarse que más de la mitad aún no están procesados; sin duda, otras estrategias de excarcelación razonables basadas en la prevención social, asegurarían la disminución de la violencia e inseguridad.    

Además, la inseguridad y la violencia siguen siendo preocupantes porque “La situación contemporánea de los sistemas penales mundiales, ha sido explicada por la literatura criminológica y jurídica críticas, como una crisis de legitimidad que parte de su incapacidad para proveer soluciones pacificadoras, mediante la intervención estatal justa y oportuna en los conflictos más perniciosos” (Rosales; 2012, p13). 

Y la situación del país sigue siendo violenta e insegura, además se podría agregar y tal como Rosales interpreta la realidad Venezolana, que no se diferencia mucho de la realidad de Guatemala “… la desigualdad, tiene un impacto dramático y harto conocido en el orden mundial histórico, derivado de la sujeción de los derechos al capital. La dependencia de los derechos al capital, es un fenómeno estructural que se define aquí, como la capacidad que tiene el capital en el orden mundial, para determinar la mayor o menor garantía del acceso real a los derechos en general” (Rosales; 2012, p 47).

La violencia y la inseguridad son evitables, en la medida que la sociedad en su conjunto, asegure duraderamente a toda la población, la satisfacción de sus necesidades básicas. Lo que implicaría oportunidades económicas y sociales como; tierra, créditos con plazos e intereses razonables, capacitación agrícola, empleo, salud, educación, deporte, recreación, un medio ambiente sano y respeto absoluto e incondicional para los territorios, en esa medida, gradualmente desaparecerá la violencia y la inseguridad; hasta hoy la violencia e inseguridad son crecientes en el país, a partir de la desigualdad generalizada que la población experimenta; por lo que solamente el establecimiento de un Estado democrático, plural y participativo, estaría en mejores condiciones para resolver con seriedad, el problema de la violencia e inseguridad; por el momento a nivel de Guatemala, eso aún no ocurre, pues todavía es un utopía política.

Ante esta realidad guatemalteca, es muy importante tomar en cuenta lo que plantea  Elsie Rosales, cuando “… propone comprender desde el pensamiento complejo y con un enfoque crítico e interdisciplinario, los sistemas penales y derivar de tal conocimiento, soluciones sustentables que fortalezcan la garantía de los Derechos Humanos dentro del Estado Constitucional” (Rosales; 2012, p 11). Lo que estaría generando como premisa la desaparición de la inseguridad y la violencia,

 “Es un imperativo de todo Estado como de su aparato de justicia, responder pronto, sensible y adecuadamente para la reparación y restablecimiento de la víctima. Si esto no sucede y la colectividad siente temor de su policía, desconfianza de sus fiscales y jueces, de sus instituciones, de la delincuencia, se va fracturando el Estado y capacidad de guarecer a su población en sus derechos, hacerlos vigentes, reales, efectivos” (Rosales; 2012, p52), y por lo tanto ante esa percepción de la población, se incrementa la inseguridad y la violencia y la desconfianza en la funcionabilidad del aparato Estatal.

Por lo tanto “…la justicia es un asunto político, constitucional, de alta política, central en la vida de los Estados contemporáneos (Rosales; 2012, p 52), la justicia en el marco constitucional, es una condición indispensable para que desaparezca la inseguridad y la violencia.

Entonces “…el postulado de democratización de la justicia, debe ser un eje transversal de toda política penal, más en la región debido al alto desequilibrio social, pero con el objetivo preciso de hacer la justicia más respetuosa para todos” (Rosales; 2012, p 48).  Bajo este supuesto si eso llegara a ocurrir en Guatemala, quedaría resuelto el problema de la inseguridad y la violencia.

En conclusión, se podría afirmar que la violencia a pesar de tener orígenes históricos y en alguna medida, estar ligada a reacciones biológicas del mismo ser humano, gran parte de ella ha sido aprovechada por grupos de poder para constituirla en un negocio lucrativo de seguridad, que además, puede entenderse como parte de la estrategia de control por medio de la cual, al crear el problema y plantear la solución, no deja de ser un mecanismo de control social, dentro de las actuales medidas de ingeniería social.

En lugares como la Ciudad de Quetzaltenango no han quedado exentas de este flagelo, dando implicaciones como las arriba señaladas; miedo en la población y disminución en la posibilidad del uso de sus libertades individuales, y además provocando efectos de carácter psico-biológicos y perdidas en su patrimonio.

   

Bibliografía

1.    Balsells Conde, Edgar Alfredo; El costo económico de la violencia en Guatemala; Editor, Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD); Guatemala 2006.

2.    Castells, Manuel; Ciudad, democracia y socialismo; Siglo XXI Editores; México 1979.

3.    Herrero, Carmen (2001,) Los Efectos de la Violencia Sobre sus Víctimas, Facultad de Psicología Universidad de Salamanca. Recuperado de http://www.psicothema.com/pdf/3480.pdf

4.    Merton, Robert K.; Teoría y Estructura Sociales; Fondo de Cultura Económica EFE; Traducción de Florentino M. Torner; México, 1965.

5.    Olavarría Gambi, Mauricio; Delito y Violencia. Causas, Consecuencias y Estrategias de Prevención; Documentos Apoyo Docente, No.20 Nov. 2007; Instituto de Asuntos Públicos INAP, Universidad de Chile. Chile, 2007.

6.    Palma, Claudia (3 de enero de 2017), Numero de reos se triplica en tres años, Prensa Libre, Recuperado de;  http://www.prensalibre.com/guatemala/justicia/numero-de-reos-se-triplica-en-diez-aos

7.    Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo PNUD; Guatemala: hacia un Estado para el Desarrollo Humano; Informe nacional de desarrollo humano 2009-2010, Guatemala 2010.

8.    Rosales, Elsie; El Sistema Penal Venezolano Contemporáneo, Tendencias y propuestas; Universidad Nacional Experimental de la Seguridad UNES Venezuela, octubre 2012.